Vendedores ambulantes en Bogotá denuncian crisis por desalojos

Según datos compartidos en la mesa radial, de cada diez empleos que se generan en Colombia, al menos cuatro corresponden a trabajos sin seguridad social, lo que refleja la magnitud de la informalidad laboral.

Este escenario, que se reproduce en avenidas, calles y sectores comerciales de la ciudad, plantea un reto tanto social como económico para las autoridades.

¿Qué significa ser un vendedor informal en Bogotá?

De acuerdo con la explicación de Alejandro Rivera Camero, exdirector del Instituto para la Economía Social (IPES), la informalidad no se limita a quienes ocupan el espacio público con ventas ambulantes. Se trata de toda persona que desarrolla una actividad económica sin acceso a derechos laborales básicos como pensión, salud, cesantías y vacaciones.

Rivera aclaró que muchas de estas actividades se confunden con emprendimientos, pero que la diferencia radica en el nivel de planeación, formalización y registro ante la Cámara de Comercio.

Mientras el emprendedor proyecta un crecimiento a mediano plazo, el trabajador informal busca ingresos inmediatos para cubrir necesidades diarias.

El exfuncionario explicó que Bogotá cuenta con alrededor de 160.000 vendedores en la calle, cifra que hace parte de un universo nacional de más de cinco millones de trabajadores en esta condición.

Este panorama se profundizó después de la pandemia, cuando miles de personas que perdieron su empleo optaron por salir al rebusque en mercados, parques, estaciones de transporte y corredores de alto tránsito.

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Economía popular y el reto para el Estado

En el debate radial se insistió en que la informalidad debe entenderse como parte de la economía popular, un concepto que ha sido reconocido por el actual gobierno nacional.

Bajo esta mirada, el reto no es únicamente despejar el espacio público, sino fortalecer a quienes dependen de estas actividades mediante créditos blandos, mercados alternativos y programas de formalización progresiva.

Rivera explicó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo y apoyar a los sectores más vulnerables. Recordó que, según el principio de confianza legítima, muchas personas llevan décadas en el mismo punto de venta y no pueden ser retiradas de manera abrupta sin una compensación adecuada.

El exdirector del IPES concluyó que la solución no pasa por criminalizar a quienes venden productos en las calles, sino por diseñar políticas integrales que permitan su inclusión económica. Destacó que perseguir únicamente a los vendedores no elimina las mafias que controlan el contrabando y el microtráfico, problemas que sí requieren mayor atención de las autoridades.

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¿Cómo apoyar a los vendedores ambulantes en Bogotá?

El debate sobre los vendedores informales en Bogotá se relaciona con el orden urbano y con la crisis laboral que atraviesa el país. Mientras los indicadores oficiales muestran una reducción en la tasa de desempleo, expertos y líderes sociales advierten que la realidad es que miles de personas están sobreviviendo en condiciones de informalidad.

La discusión planteada en Alerta Bogotá refleja que se requiere un enfoque equilibrado: organizar el espacio público sin desconocer la necesidad de sustento diario de quienes dependen de estas ventas.

De igual forma, la prioridad debe ser la creación de alternativas reales que garanticen seguridad social, acceso a crédito y condiciones dignas para quienes hoy trabajan en la economía popular.

Con lo anterior, el reto de la capital es encontrar un modelo que permita convivir entre la movilidad urbana, el comercio formal y el derecho al trabajo de quienes han hecho de las calles su única opción de supervivencia.