Robo en conjunto residencial: Quién responde y cómo se recupera la plata
El administrador del conjunto, quien actúa como representante legal y puede ser llamado a responder.
En medio del aumento de robos en conjuntos residenciales, muchos propietarios se preguntan quién debe responder por la pérdida de sus bienes. La ley colombiana ha sido clara: cuando un hurto ocurre dentro de un conjunto bajo el régimen de propiedad horizontal, la responsabilidad no siempre recae únicamente en los ladrones, sino también en quienes tenían el deber de prevenir el delito.
Según expertos legales, si un robo se produce por fallas en el sistema de vigilancia como portones sin cierre adecuado, cámaras de seguridad inoperantes o presencia insuficiente de personal de seguridad, se podría exigir una indemnización total a los residentes afectados.
Le puede interesar: Quienes viven en conjuntos pagarían multa de $300.000: Ley obliga a pagar
Responsabilidad compartida en caso de hurto
La copropiedad, como persona jurídica, tiene el deber de garantizar condiciones mínimas de seguridad. Si se demuestra que hubo omisión en su responsabilidad de vigilancia, podría ser legalmente responsable por el perjuicio económico causado. Lo mismo aplica al administrador del conjunto, quien actúa como representante legal y puede ser llamado a responder si se prueba que actuó con negligencia o no supervisó adecuadamente a los encargados de seguridad.
Por otro lado, la empresa de seguridad privada contratada para custodiar el conjunto también puede tener responsabilidad directa, especialmente si no prestó sus servicios con la debida diligencia o si alguno de sus empleados incurrió en fallas evidentes.
Le puede interesar: Multa de $759.200 a padres por esta regla en conjuntos: norma lo permite
¿La aseguradora debe pagar?
Si el conjunto cuenta con una póliza de seguros vigente, la aseguradora también puede ser llamada a indemnizar al afectado, siempre y cuando el hurto sea un riesgo cubierto en el contrato. En estos casos, no es necesario identificar al ladrón, sino establecer quién tenía la obligación de evitar el hecho.
Lo fundamental es determinar si hubo fallas previsibles en el sistema de seguridad. Cuando estas se evidencian, la responsabilidad puede ser solidaria, lo que significa que varios actores podrían tener que responder económicamente.
Así, los residentes afectados por robos no están completamente desprotegidos: si hay pruebas de omisión o negligencia, es posible recuperar el valor de lo hurtado, haciendo uso de los mecanismos legales disponibles.
