
Pago de la prima se complica: trabajadores sufrirán por plata extra
El Senado de la República reanudó las sesiones legislativas con la reforma laboral como tema central, tras la presentación de la ponencia mayoritaria elaborada por la senadora Angélica Lozano. Esta propuesta fue seleccionada para el debate en el Salón Elíptico, mientras el país también observa la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto sobre temas que forman parte del mismo proyecto de ley.
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Reforma laboral: eliminación de la prima adicional
Durante la sesión del jueves, la plenaria del Senado votó con 61 votos en contra y 31 a favor la eliminación del artículo 17, el cual proponía una prima adicional por crecimiento económico. Este beneficio habría sido complementario a las primas ya otorgadas en junio y diciembre, y su implementación dependía de ciertos indicadores financieros y del apoyo del Gobierno Nacional.
Según lo contemplado en el texto original, la prima adicional debía pactarse cuando el crecimiento económico del empleador superara el 4 % respecto al año anterior. Los porcentajes del pago variaban dependiendo del tamaño de la empresa:
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20 % de un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) para microempresas y empleadores personas naturales.
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30 % del smlmv para pequeñas y medianas empresas.
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40 % del smlmv para grandes empresas.
La decisión de archivar este artículo fue tomada tras el análisis de su viabilidad financiera y las implicaciones para la estructura de costos empresariales, lo que generó diferencias entre los senadores en cuanto al impacto para el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas.
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Consulta popular y tensiones institucionales
De forma paralela al avance legislativo, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular. Esta medida tiene como objetivo someter a votación ciudadana algunas de las propuestas laborales y de salud incluidas en las reformas actualmente en discusión.
Petro indicó que la consulta se realizaría a menos que el Congreso apruebe en su totalidad los puntos incluidos en el decreto. En sus palabras, esta acción busca que el pueblo se pronuncie sobre decisiones legislativas, y el decreto solo se derogará si el Congreso responde positivamente a esas propuestas.
Sin embargo, la decisión presidencial ha sido ampliamente cuestionada. Precandidatos presidenciales y gremios económicos han advertido que esta convocatoria vulnera el orden constitucional, al considerar que sustituye los mecanismos formales del debate legislativo. También señalaron que una decisión de esta naturaleza puede ser anulada por la Corte Constitucional por tratarse de una posible extralimitación del poder ejecutivo.
Críticas de gremios empresariales a la convocatoria
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), por medio de su presidenta María Claudia Lacouture, expresó su preocupación por el uso de mecanismos de participación como la consulta popular. Señaló que estos deben estar alineados con el respeto al orden democrático y constitucional y que, en caso de aprobarse la reforma en el Congreso, la consulta perdería sentido.
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Diferentes sectores han coincidido en que la reforma laboral debe debatirse y aprobarse mediante los canales previstos por la Constitución, sin recurrir a decisiones unilaterales que puedan alterar el equilibrio institucional entre poderes.
La discusión sobre la reforma continuará en el Congreso en los próximos días, mientras la atención pública se mantiene en el desarrollo y posible implementación de la consulta popular.