Funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, en el parque Nacional
9 Sep 2025
09:36 PM
Alcaldía de Bogotá denuncia penalmente a voceros de los emberá que estaban en el parque Nacional
El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, expresó que los derechos de los niños “no son negociables ni transables”.
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los voceros de la comunidad indígena emberá asentada en el Parque Nacional, acusándolos de impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios sociales esenciales.
Desde el 19 de mayo de 2025, aproximadamente 350 menores de la comunidad emberá se encontraban asentados en el Parque Nacional. Hasta entonces, un promedio de 132 niños y adolescentes asistían regularmente a los servicios ofrecidos por el Distrito, específicamente en los centros “Centro Amar” y “Centro Abrazar”, a partir del 22 de mayo.
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El pasado 1 de julio de 2025, los voceros de la comunidad bloquearon nuevamente el acceso de menores a las rutas de transporte dispuestas por el Distrito. Adujeron que mientras la Unidad para las Víctimas del Gobierno Nacional no cumpla con la entrega de mercados prometidos, no permitirán que los menores accedan a los servicios.
Como consecuencia, solo 13 menores pudieron llegar a recibir atención: 7 en el Centro Abrazar y 6 en el Centro Amar.
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El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, expresó que los derechos de los niños “no son negociables ni transables”. Según el Distrito, bloquear el acceso a servicios esenciales como educación, alimentación y atención psicosocial atenta contra el “interés superior del niño”, principio protegido por el artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia)
El Distrito advirtió además que esta situación afecta directamente a los menores, exponiéndolos a formas de vulneración como trabajo infantil, mendicidad y la falta de entornos seguros.
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La denuncia penal presentada ante la Fiscalía indica que el bloque puede configurar el delito de constreñimiento ilegal, debido a que priva a los menores de acceso a servicios vitales. A pesar del bloqueo, según la SDIS, los equipos sociales permanecen activos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) y los servicios siguen disponibles para los menores, siempre que puedan acceder a ellos.
