En los conjuntos toca soltar más plata vigilantes salen ganando
Los conjuntos residenciales sienten el efecto de la norma que encareció la vigilancia privada en todo el país.
En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 60% de la población vive en propiedad horizontal. Esto significa que la mayoría de familias comparten gastos de administración para cubrir el mantenimiento de zonas comunes, aseo y, en especial, vigilancia privada. Sin embargo, un cambio en la normativa ha puesto a los bolsillos de los residentes bajo presión.
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La Ley del Vigilante y su impacto en los conjuntos
La Ley 1920 de 2018, conocida como la “Ley del Vigilante”, estableció las condiciones para quienes prestan servicios de seguridad privada. Aunque la norma está diseñada para garantizar mejores condiciones laborales, ha generado ajustes que ya sienten los conjuntos residenciales, principales empleadores de este tipo de personal en el país.
Si bien los conjuntos no están obligados a pagar directamente el seguro de vida de los vigilantes responsabilidad que recae sobre las empresas de vigilancia, el incremento en los costos operativos de estas compañías termina reflejándose en los contratos con las copropiedades.
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¿Qué cambió con la Ley 1920 de 2018?
Entre las disposiciones más relevantes que elevan los costos, se encuentran:
- Los vigilantes deben contar con un seguro de vida colectivo que los cubra las 24 horas, incluso fuera de horario laboral.
- La jornada máxima es de 12 horas diarias, con un tope de 60 horas a la semana, limitando los turnos extendidos que antes eran comunes.
- Las empresas deben garantizar condiciones óptimas de trabajo, desde uniformes adecuados hasta espacios ergonómicos y tiempos de descanso.
Todo esto implica más inversión en la operación diaria de las empresas de seguridad, y, en consecuencia, mayores tarifas para las copropiedades.
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Presupuestos ajustados y nuevas alternativas
Administradores de conjuntos residenciales han tenido que tomar medidas rápidas. Algunos han renegociado contratos, otros optaron por reducir turnos de vigilancia presencial, y no faltan quienes exploran soluciones tecnológicas, como cámaras con monitoreo remoto o sistemas de control automatizados, para aliviar los costos sin sacrificar seguridad.
El aumento en las cuotas de administración es inevitable en muchos casos, lo que genera inconformidad entre residentes. Sin embargo, los expertos aseguran que la implementación de estas medidas contribuye a la dignificación del trabajo de los vigilantes y a la profesionalización del servicio, factores que, a mediano plazo, pueden fortalecer la seguridad de las comunidades.
El costo de la seguridad
La realidad es que la seguridad 24/7 tiene un precio cada vez más alto. Para los residentes, significa cuotas de administración más pesadas, pero para los vigilantes representa mejoras en su calidad de vida y estabilidad laboral. Al final, la pregunta es si los vecinos prefieren pagar un poco más hoy para tener un servicio más confiable y seguro mañana.
Fuente
Alerta Bogotá
