Desde el año 2021, Colombia comenzó a aplicar una ley que busca reducir poco a poco las horas de trabajo a la semana. Esta medida fue aprobada por el Congreso bajo la Ley 2101. Lo que se busca es que las personas tengan más tiempo libre, pero sin que eso les afecte el sueldo ni los beneficios que ya tienen.  

“La presente ley tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores”, dice la norma. Es decir, el trabajador seguirá ganando lo mismo y conservando sus derechos, pero con menos horas de trabajo a la semana.  

Esta reducción se hará en varias etapas y no depende de que los empleados estén de acuerdo o no, pues es una obligación para los empleadores. La reducción comenzó en julio de 2023, cuando la jornada laboral bajó de 48 a 47 horas semanales.  

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En 2024, bajó a 46 y ahora, el próximo 15 de julio habrá una nueva reducción. Desde esa fecha, los colombianos deberán trabajar máximo 44 horas a la semana y, finalmente, el 15 de julio de 2026 la jornada se reducirá por última vez hasta quedar en 42 horas semanales. Ese será el nuevo tope definitivo, según lo que dice la ley. 

La ley permite que esas horas se distribuyan en cinco o seis días, según lo que más le convenga a la empresa y a sus trabajadores. Lo que no se puede hacer es pasar de ese límite. Además, el descanso obligatorio, como el domingo o el día acordado, no cambia. Ese derecho se mantiene intacto. 

Si alguna empresa no hace los cambios que le tocan, puede recibir sanciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este cambio solo aplica al número de horas trabajadas, pues las demás condiciones del contrato, como el pago de seguridad social, las vacaciones y las primas, siguen igual. 

¿Quiénes no pueden acceder a la reducción de la jornada laboral? 

Aunque la reducción de la jornada laboral ya comenzó a aplicarse en Colombia, no todos los trabajadores del país se beneficiarán de este cambio. Hay varios grupos que quedan por fuera de esta medida, ya sea por el tipo de contrato que tienen o por las condiciones especiales de su trabajo. 

Uno de los casos más claros es el de algunos servidores públicos. Si estos empleados no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, la reducción no aplica. Sin embargo, quienes trabajan en empresas del Estado que sí usan ese código laboral, sí podrán recibir el beneficio. 

También están excluidos los menores de edad que tienen permiso para trabajar y las personas que ya tienen jornadas más cortas por ley o por acuerdos especiales. Por ejemplo, hay contratos donde las labores son por días u horas, lo cual significa que ya tienen menos horas semanales que una jornada completa. En estos casos, la reducción no tiene sentido porque ya trabajan menos de lo normal. 

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Otro grupo que no tendrá este cambio de horario son los trabajadores que están en cargos de dirección, confianza o manejo. Son personas que, por la naturaleza de su puesto, tienen horarios distintos al resto. Lo mismo ocurre con quienes hacen tareas que no son constantes, sino que se hacen de manera intermitente o por turnos que se van rotando durante el día o la semana.  

Por último, hay un caso especial: los trabajos que se hacen en condiciones peligrosas o poco saludables. En estos puestos, el Gobierno tiene la opción de fijar una jornada diferente, dependiendo del riesgo. Pero la Ley 2101 de 2021 no ordena una reducción automática para este tipo de empleos. Es decir, se necesitaría una reglamentación aparte para que esto se haga efectivo.